A muchos sorprendió el resultado de la consulta del domingo 4 de febrero en Manabí. Ganó el NO en todas las preguntas. Hasta en la que proponía la imprescriptibilidad de los delitos de violación a niños y adolescentes que fue la que mayor respaldo recibió del pueblo en las demás provincias. Hay que acercarse al fenómeno y tratar de encontrar razones para el rechazo a la gestión del presidente Lenin Moreno. Es evidente que en sus casi ocho meses de gobierno la reconstrucción de la provincia tiene sensibles retrasos. Y no debe ser por falta de recursos, porque el país contribuyó solidariamente de varias formas: pagó el incremento del IVA, el que se cobró a ciertos contribuyentes de ingresos altos, las donaciones que muchos hicimos por medio de algunas instituciones confiables; todo esto sin contar la ayuda que se volcó en bienes muebles de consumo: alimentos, ropa, los auxilios internacionales en varios insumos, hasta carpas para alojar a los que perdieron sus casas. Gente generosa, admirable, que se desprendió de parte de lo suyo para auxiliar al prójimo sufriente.
Los manabitas se indignaron, con razón, cuando la autoridad fiscal dispuso de 300 millones por considerarlos “dinero ocioso”. Fue una verdadera malversación de fondos, antes considerada como delito. Pero debe haber más: un descontento subyacente en las conciencias de que habían sido preteridos, de que el gobierno no había hecho lo suficiente, de que faltaba voluntad o consideración con su dolor. Puede ser que muchos sintieron que sus derechos habían sido desatendidos. Hay mucha gente que cree que el Estado debe solucionarles todas sus carencias, y más cuando son víctimas de una tragedia. Caridad con escopeta, dice el refrán. Exijo mis derechos pero no me siento obligado a nada. Estas personas han sufrido tanto dolor que se sienten maltratadas porque no les regalan cosas o casas. Hay otros que son muy dignos: no queremos caridad, dicen, queremos créditos para levantar nuestros negocios. Parece que el crédito no fluyó suficientemente. También hay muchos que no confiaron en el Estado ni en los gobiernos y tomaron sus propias precauciones contratando seguros con aseguradoras privadas. Esos previsivos levantaron sus negocios por su cuenta y puede ser que sean los que menos sufrieron.
No digo nada por las pérdidas de seres queridos, porque ese réquiem tiene profundidades abisales.
Las autoridades nacionales hicieron un cálculo a buen cubero del monto de las pérdidas por daños materiales a consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016. Hablaron de tres mil millones de dólares y esa fue la cifra que cubrió el imaginario social. El Estado todavía no informa cuántos son los valores reales de los daños debiendo al efecto valorar los bienes públicos como plantas de energía, calles, tendido de cables y los demás. También debería hacernos conocer un avalúo de los bienes de propiedad de personas naturales y jurídicas. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros debe publicar el valor de las indemnizaciones pagadas por las compañías de seguros privadas.
Según cifras de la Federación de Compañías de Seguros del Ecuador, estas empresas han pagado y reservado 551 millones por indemnizaciones a sus asegurados, lo cual significa que la previsión privada amparó casi el 20% de las pérdidas totales. Estos valores han sido honrados en honor de la promesa contratada. En efecto, dentro de la póliza de incendio se puede incluir una cláusula para amparar los daños sufridos en caso de terremoto, temblor y erupción volcánica. Incluyendo el tsunami. En la cobertura se puede incluir edificios, inmuebles y toda clase de bienes muebles. Vale para los edificios de domicilios, comercios y toda clase de muebles; para las industrias, sus maquinarias, materias primas y productos elaborados. Vale también para amparar el lucro cesante, es decir la ganancia lícita que el asegurado había calculado realizar, pero no pudo porque su negocio se dañó a consecuencia del sismo.
Debo que decir que las autoridades, ni los medios de comunicación han dado importancia al significativo aporte de los aseguradores privados para enjugar las pérdidas sufridas. Me consta que alguna aseguradora pagó sus pólizas dentro de las dos primeras semanas posteriores al sismo. Esta circunstancia debe ser destacada porque significa que el seguro es imprescindible para no depender de la caridad pública ni de la voluntad de las autoridades. Usted es lo que es por sus méritos, por su prudencia, por su calidad humana. Usted es una persona previsiva que también consulta a su corredor de seguros para su mejor protección.